La Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, realizará seguimiento a secretarías de movilidad para garantizar el cumplimiento de la Ley 1843 de 2017.

El contralor de Cundinamarca y presidente de la Comisión Regional de Moralización, Bogotá-Cundinamarca -CRMBC-, Edgard Sierra Cardozo, expresó que desde este organismo interinstitucional, se realizará un permanente seguimiento a las secretarías de movilidad frente a la suscripción de contratos, concesiones, convenios, o constitución de figuras asociativas de carácter mixto, cuyo propósito sea la instalación y operación de medios tecnológicos para la detección de infractores. 

Es de resaltar que la normativa, a través de la Ley 1843 de 2017, permite que las autoridades de tránsito contraten con particulares esta clase de servicios, pero con el fin de evitar desangres a las finanzas territoriales, la supedita a que la remuneración por la inversión de los privados no supere en ningún caso el 10 por ciento del recaudo de las infracciones. En informe allegado a la CRMBC, se pudo establecer que actualmente las secretarías de movilidad de Chía, Mosquera, Silvania y Madrid han suscrito convenios para tal fin. 

El personero de Zipaquirá y presidente de la Asociación de Personerías de Cundinamarca, APERCUNDI, Miller Mauricio Castro Duque, reiteró su preocupación frente al posible uso de esta figura sin respetar los topes legales y por ende, la generación de convenios lesivos que favorezcan indebidamente intereses particulares en detrimento de los recursos públicos y el bienestar de la comunidad. 

Por otra parte, en cumplimiento del plan de acción de la CRMBC, durante la sesión se presentó el informe sobre el seguimiento a la incorporación de políticas y estrategias anticorrupción y transparencia en los planes de desarrollo de las entidades territoriales; aspecto que fue requerido a través de la circular 001 de 2020 de esta comisión, y que responde a los lineamientos dispuestos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 

El informe consigna que las administraciones locales, en su mayoría, han priorizado en sus planes de desarrollo el fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas y los modelos de participación ciudadana; la promoción de estrategias para el cumplimiento de Índice de Gobierno Abierto e Índice de Transparencia Abierta; fortalecimiento de los mecanismos jurídicos de control de los procesos internos y externos, así como los de gestión contractual; proponen alianzas estratégicas para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y la consolidación de los espacios de participación existentes, tales como las veedurías, comités ciudadanos, consejos consultivos, e implementación de políticas de servicio al ciudadano. 

Es de anotar que hasta el momento las administraciones de Cajicá, Cota, Granada, Gachetá, Guataquí, Guayabetal, Junín, Machetá, Pandi, Puerto Salgar, Quetame, San Francisco, San Juan de Rioseco, Tocaima, Ubaté, Útica, Yacopí, no han reportado a la CRMBC la información requerida. 

El contralor Sierra Cardozo destacó el empeño de las administraciones para incluir en sus planes de desarrollo estas acciones, y expresó que el cumplimiento de ellas permitirá un mejoramiento de los índices de transparencia en sus municipios y logrará una importante reducción de riesgos de corrupción local.

Fuente. Contraloría de Cundinamarca

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