Ex gobernador Álvaro Cruz salpicado por escándalo MinTic

La firma ICM Ingenieros SAS, aparece como accionista de la Unión Temporal Centros Poblados que se ‘embolsilló’ con trampas 70.000 millones de pesos del anticipo. Emilio Tapia, condenado por corrupción en Bogotá, aparece como el dueño en la sombra. Cruz Vargas figuraba como representante legal.

La pavimentación del corredor del Paletará, en la vía Isnos-Popayán, presentada por el Gobierno Nacional como una de las ‘rutas de la reactivación’, para desgracia del Huila, vuelve a estar en el ojo del huracán.

El proyecto, presentado por el Gobierno Nacional en julio pasado como la “redención para Huila y Cauca”, aparece salpicado por el escándalo propiciado por el Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a zonas apartadas del país.

El proyecto, abandonado el Grupo Nule, después de embolsillarse los recursos que le giró el gobierno nacional y una contrapartida de la Gobernación del Huila, tendría, según la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, una nueva oportunidad.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, detalló que “gracias a una minuciosa estructuración de los 50 proyectos que conforman este programa liderado por el presidente, a través del INVÍAS vamos a generar múltiples beneficios en todas las regiones del país.

“En estos momentos llegó la oportunidad para los departamentos del Cauca y Huila, donde adjudicamos las obras del corredor del Paletará y del Anillo del Macizo Colombiano, con las que, además de mejorar la movilidad de usuarios, transportadores y habitantes, crearemos 5.400 nuevos empleos que contribuyen a la generación de equidad y paz con legalidad”, afirmó la funcionaria al anunciar la reactivación del proyecto, paralizado por la corrupción en el 2008. La Gobernación del Huila durante el gobierno de Luis Jorge Sánchez aportó 30 mil millones de pesos.

Las obras, anunciadas el 26 de julio pasado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) tendrían una inversión de 349.870 millones para el corredor del Paletará, solución sostenible para el Parque Nacional Puracé que se tiene previsto terminar en el año 2030.

La pavimentación de la ruta Isnos- Paletará -Popayán, abandonada por el Grupo Nule, según el anuncio oficial, deberá terminar el 31 de julio del año 2022 con una intervención de14 kilómetros con una inversión de 93.790 millones de pesos.

La confirmación

“En el caso de los departamentos del Cauca y Huila, adjudicamos las obras de dos proyectos cuyo valor total es de $610.800 millones y que se iniciarán durante el primer semestre de este año”, confirmó el director operativo del Invías, Juan Esteban Romero.

“Las obras -dijo- las ejecutará el Consorcio San Sebastián 064, conformado por Alta Ingeniería SAS, ICM Ingenieros SAS, Ingeniería Transporte y Maquinaría SAS y Horacio Vega Cárdenas, por un valor total de 300.100 millones de pesos”.

De igual forma la ruta Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia demandará 399.500 millones de pesos para intervenir 110 kilómetros de vía. Las obras fueron adjudicadas al consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, conformado por KMA Construcciones SAS, Sicom SAS y Construcciones Emma Ltda, entre otras obras adjudicadas para la “reactivación”.

El escándalo

Lo que no se anunció, es que la firma ICM Ingenieros SAS, una de las socias del consorcio San Sebastián 064, encargado de ejecutar el Corredor del Paletará, aparece como principal aportante dela Unión Temporal Centros Poblados, enredada por la haberse ganado, al parecer, con trampa, la cuestionada licitación para llevar internet a zonas campesinas.

La misma firma aparece también como en otros contratos viales de las 15 obras que salieron a licitación en diciembre de 2020.

En la sombra

Y para colmo de males, detrás de la empresa ICM Ingenieros que se quedó con 70.000 millones de pesos del anticipo que le giró el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), aparece nada menos que Emilio Tapia Aldana, el exdirector del IDU, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá.

Tapia Aldana fue detenido en el 2011 por el escandaloso episodio de la corrupción en Bogotá fue condenado a 17 años de prisión. Sin embargo, por colaboración con la justicia el Tribunal Superior de Bogotá le rebajó la condena a 7 años y 5 meses de prisión por un principio de oportunidad que negoció con la Fiscalía. Solo pagó tres años de cárcel. El juzgado primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió la libertad condicional, el 20 de agosto de 2019.

El agosto del año pasado un juzgado de Bogotá le revocó la libertad y le concedió casa por cárcel.

Emilio Tapia, sería el dueño en la sombra de la firma. Según WRadio, el año pasado, adquirió la empresa dedicada a obras civiles creada por Luis Guillermo Meza Barragán y el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, también condenado en el 2016 por otros casos de corrupción antes de ser gobernador. El ex mandatario figuraba como representante legal de la firma ICM Ingenieros, socia de la Unión Temporal Centros Poblados, y también, del consorcio para la pavimentación del corredor del Paletará.

Por este proceso Cruz Vargas le entregó al procurador huilense Hernán Jovel Muñoz una gruesa suma para direccionar en su favor el proceso judicial. Jovel le pidió 2.000 millones de pesos, supuestamente para ‘sobornar’ a funcionarios de la Fiscalía. Entregó 350 y se quedó con el resto.  El vicefiscal, Jorge Perdomo lo denunció y terminó preso.

¿Nueva parálisis?

Las tramposas maniobras utilizadas por la Unión Temporal para quedarse con la licitación, desató una tormenta que se extiende a las demás empresas socias, entre ellas ICM Ingenieros.

La Procuraduría General de la Nación advirtió que la declaratoria de caducidad que decretó el Mintic a la Unión Temporal Centros Poblados, tiene en riesgo a por lo menos ocho contratos que están en ejecución que superan los 646 mil millones de pesos, entre ellos el corredor Paletará que acaba recibir.

Según la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, las entidades que tienen contratos con los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados deben inicien el proceso de cesión, previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuera posible, renunciar a su ejecución.

Según el régimen de contratación estatal, las empresas que hayan sido sancionadas con la caducidad o cuando administrativamente se hayan sancionado por actos de corrupción quedarán inhabilitadas para contratar con el Estado. Cuando esto ocurra no procederá la renuncia del contrato.

Según la Procuraduría en el Invías se confirmaron cinco contratos que ascienden a $603.046 millones de pesos; en Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) donde documentaron dos por $17.696 millones  y en el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con uno por $ 25.536 millones de pesos.

Sin embargo, estos contratos podrán enredarse si las firmas no renuncian o no ceden el contrato. Por ahora, la Unión Temporal Centros Poblados anunció que demandará al Estado.

Por: Ricardo Areiza– Fusagasuga Noticias

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