Entidades territoriales deben asumir responsabilidades en solución al hacinamiento carcelario que vive el Departamento.

La Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, en su primera sesión del año, durante la cual se realizó seguimiento a la difícil situación de hacinamiento carcelario en el Departamento, hizo un llamado a las autoridades locales y departamentales para que tomen inmediatamente medidas efectivas que permitan mejorar las condiciones de reclusión que padece esta población.

Los comisionados advirtieron que la responsabilidad de brindar las debidas condiciones de reclusión que garanticen la integridad física y la dignidad humana a los sindicados está en cabeza de las alcaldías y el Departamento, como lo ordena el artículo 17 de la ley 65 de 1993, al expresar que: “Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva”.

Así mismo, la CRMBC exhorta a las administraciones a dar cabal cumplimiento con la obligación de estructurar políticas carcelarias en sus planes de desarrollo, y en especial incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender los gastos que garanticen una atención apropiada.

Ante la información dada por la directora del INPEC para la región Central, Imelda López, en sesión de junio de 2020, de que los tradicionales convenidos entre INPEC y las alcaldías para la atención de la población sindicada no se seguirían suscribiendo, debido a la alta sobrepoblación que viven los centros de reclusión del INPEC, que no garantizan los derechos ni el bienestar de las personas privadas de la libertad; la CRMCB expresó la necesidad de presentar alternativas a corto, mediano y largo plazo que solucionen estructuralmente este delicado problema. 

Durante la sesión, la defensora del Pueblo Regional Cundinamarca, María Elizabeth Valero, expresó su preocupación, ya que a pesar de la realización de mesas de trabajo, lideradas desde la Defensoría, con las entidades responsables, según se pudo constatar en visitas de seguimiento a las Unidades de Reacción Inmediata -URI- y las estaciones de policía, que albergan detenidos transitorios, es reiterada, permanente y continua la vulneración de los derechos humanos de esta población; y lo más grave es que tampoco se avizora una solución inmediata.

El contralor de Cundinamarca y presidente de la CRMBC, Edgard Sierra Cardozo, conminó  a los alcaldes para que trabajen de la mano con las autoridades nacionales y departamentales en la solución de esta grave situación, con implementación de acciones articuladas con la política criminal nacional, viables y sostenibles económicamente. 

La atención a esta población, como a cualquiera otro sector de los colombianos, debe estar enmarcada dentro del cumplimiento de los derechos humanos y, por sobre todo en el respeto a la dignidad de las personas, situación que hoy, tristemente en el Departamento no se evidencia, expresó el contralor Sierra Cardozo. 

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